Desde hoy los usuarios del transporte público recuperan las bonificaciones completas que habían sido recortadas en Valladolid por decisión de PP y Vox, pero ha habido perjuicios. La recarga del Bono 30 ha supuesto un desembolso de 11,40 euros demás y los jóvenes han pagado 6,60 euros.
Carnero sigue en silencio. Ni el alcalde ni el concejal de Movilidad responden a la pregunta planteada por el Grupo Municipal Socialista: ¿Cómo se va a compensar la subida de precios que durante tres días han pagado los vallisoletanos? La suma del dinero que han pagado demás los usuarios del transporte público en Valladolid asciende a 12.000 euros al día, según la estimación basada en los documentos de AUVASA. Más de 40.000 personas utilizan cada día el autobús y durante tres días han pagado el viaje a 60 céntimos, cuando deberían haber abonado solo 38 céntimos.
Además, durante este tiempo ha habido más perjuicios económicos. Los usuarios del Bono 30 ordinario y el Bono Joven que estos días han tenido que recargar sus bonos se han visto obligados a desembolsar 30,40 euros en el Bono30 y 17,60 en el Bono Joven, en lugar de los 19 y 11 euros, respectivamente. Es decir, los usuarios del Bono 30 han sufrido un quebranto de 11,40 euros, y los jóvenes que han recargado sus bonos han soportado un desembolso de 6,60 euros a mayores.
Otro de los trastornos que han soportado los vecinos se deriva de la recarga del bonobús: la decisión del Ayuntamiento obligaba a los usuarios a realizar una recarga mínima de 6 euros, cuando antes y ahora el mínimo está en los 3,80.
Para el Grupo Municipal Socialista se trata de perjuicios evitables porque Carnero tenía la posibilidad de mantener las bonificaciones del 50% del precio, pero el lunes se precipitó y decidió celebrar la Junta de Gobierno en la que optó por aplicar únicamente la bonificación del 20% del Ayuntamiento. La decisión era innecesaria porque podría haber continuado con las bonificaciones íntegras, como sucedió la semana pasada. En todos los casos los ayuntamientos reciben siempre el dinero del Gobierno de España. La realidad es que los usuarios han pagado de su bolsillo esta mala decisión del equipo de gobierno PP-Vox. El tiempo ha dado la razón al Grupo Municipal Socialista cuando advirtió que era una decisión innecesaria que provocaría confusión y perjuicios a los vallisoletanos.
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