El Grupo Municipal Socialista desvela que el contrato ha costado 341.700 euros más de lo anunciado por el equipo de gobierno PP-Vox  

Error en el fondo (gasto innecesario de más de 2,3 millones de euros en un viaducto que será demolido) y dudas legales en la forma (contrato de emergencia cuando el Ayuntamiento ha dispuesto de varios meses para realizar el proceso de forma diferente). Los concejales del Grupo Municipal Socialista han criticado in situ el “derroche” del dinero empleado en una infraestructura que deberá ser demolida para ser sustituida por un moderno paso subterráneo para vehículos, ciclistas y peatones. Por lo pronto, serán 341.700 euros más de lo anunciado por el equipo de gobierno PP-Vox, que limitó el coste de la intervención a dos millones de euros. El incremento del coste alcanza el 17,5% más de lo anunciado el 30 de mayo: de 1.967,960 euros del presupuesto inicial se ha pasado a 2.309.666 euros).

Además, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado un informe jurídico porque hay claros indicios de que la contratación debería haberse llevado por el procedimiento urgente y no de emergencia, según la Ley de Contratos del Estado. El procedimiento elegido pone en evidencia la mala gestión de Carnero porque conocía los problemas de la infraestructura desde el mes de enero y no adoptó ninguna decisión hasta cinco meses después, el 30 de mayo.

Con la tramitación de emergencia – a diferencia de los contratos de urgencia- se eluden los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. En definitiva, realiza una adjudicación “a dedo”, sin las garantías que tiene el otro procedimiento. Según la legislación, una situación de EMERGENCIA es aquella que se produce de forma inesperada y que requiere de una actuación inmediata, como las derivadas de actos terroristas, incendios, inundaciones, terremotos… Y este no es el caso.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista han reiterado que, al inicio del año, el Ayuntamiento de Valladolid podría haber actuado para garantizar la seguridad, sin necesidad de realizar un desembolso de más de dos millones de euros que sólo constituye un parche, porque la solución definitiva es la demolición, según lo constatan los propios técnicos.

El dictamen técnico de la empresa que ha realizado las obras en Arco de Ladrillo es contundente: “No se pretende, con las actuaciones que se van a describir a continuación, resolver de forma duradera los problemas que afectan al puente, sino evitar los males realmente graves y asegurar que no haya accidentes en los próximos años hasta que se decida el futuro del propio puente. Se deja en una situación provisional y estéticamente cuestionable, dado que ese no es el objeto de la intervención”.