El Grupo Socialista advierte de las acciones e intenciones del equipo de gobierno de Carnero contra el carácter público de la empresa municipal que gestiona el ciclo integral del agua en Valladolid. Diez resoluciones judiciales avalaron la remunicipalización, que fue recurrida, entre otras entidades, por la CEOE, que ahora entrará en el consejo de administración de Aquavall.
Los cambios que ha comenzado a aplicar el equipo de gobierno PP-Vox en Aquavall chocan contra el sentido público de la empresa municipal que gestiona el ciclo integral del agua en Valladolid y, además, desvelan criterios propios de las privatizaciones, según denuncia el Grupo Municipal Socialista.
Entre los acuerdos adoptados hoy en la Comisión de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente figura la exclusión de 3 técnicos municipales del consejo de administración de Aquavall y su sustitución por representantes de otras entidades, entre ellas la CEOE (la Confederación de Empresarios de Valladolid recurrió a los tribunales para paralizar la remunicipalización de la empresa que gestiona el agua). Los tres empleados públicos serán sustituidos en la empresa pública del agua por un representante de la CEOE, 1 de la Universidad de Valladolid y 1 miembro del Consejo Social de la Ciudad. Así figura en la modificación de los artículos 8 y 9 sobre la modificación.
También se ha aprobado la reforma del artículo 5 sobre el objeto social de la sociedad municipal.
La preocupación del Grupo Municipal Socialista se fundamenta en los otros cambios que pretendía realizar el equipo de gobierno PP y Vox, que han sido abortados por los informes jurídicos del Ayuntamiento, contrarios . En concreto, se planteó la modificación del artículo 17 para posibilitar el traspaso del 80% de los remanentes de Aquavall al Ayuntamiento de Valladolid. Para el GMS es intolerable que se contemple esta posibilidad porque los beneficios de Aquavall deben destinarse íntegramente a inversiones para mejorar las redes y el servicio y en ningún caso desviarse a otros fines. Y otro de los puntos que han sembrado la inquietud en el GMS es el cambio en el artículo 14, encaminado a la contratación de un gerente con grado de alto cargo. La Asesoría Jurídica lo rechaza de forma concluyente: “No parece que la motivación de transformación de la figura de gerente como órgano directivo, conforme se establece en el art 130.2. de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 por remisión al art 85 bis c), cuente con el soporte a que se refiere la mencionada Sentencia (sala tercera de 21 septiembre 2022 rec 6897/2020), sin que lo sea la motivación que se contiene en la Memoria”.
El portavoz del Grupo Municipal interpreta este acuerdo frustrado como un “intento de preparar el terreno para el fichaje de un directivo del lobby del agua”. Pedro Herrero es rotundo: “Han dejado huella de sus intenciones, y huella por escrito porque todo está en el expediente. El paso que han dado hoy PP y Vox apartando a técnicos municipales, que son expertos e independientes, es un acuerdo para laminar su presencia en el consejo de administración de la empresa pública, pero ha quedado en evidencia que la pretensión del equipo de gobierno de Carnero era aún más ambiciosa porque han intentado otras modificaciones propias de los procesos de privatización”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista insta al equipo de gobierno a seguir apostando por Aquavall como empresa pública porque está siendo un caso de éxito rotundo. Los resultados desde la remunicipalización son evidentes ya que todos los beneficios se reinvierten en el mantenimiento de la red de abastecimiento y saneamiento, en la depuradora y en las plantas potabilizadoras.
Cuando en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía se adoptó la decisión de recuperar la gestión pública del agua se descubrió que el déficit de inversión ascendía a 96 millones de euros, que es la cantidad de dinero que la empresa privada en connivencia con el Ayuntamiento dejó de invertir a lo largo de los 20 años de la adjudicación. Con la empresa municipal la inversión ejecutada desde 2017 hasta 2024 alcanza los 50 millones de euros.
Asimismo, ninguno de los augurios del PP se ha cumplido: ni se han incrementado los costes, ni ha subido el precio del agua, ni se ha producido inseguridad jurídica y tampoco se han registrado riesgos financieros. Además, se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores.
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